Rajoy apuesta por internar en centros a menores entre 12 y 14 años que delincan

   MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, apostó por internar en centros públicos a menores entre 12 y 14 años que delincan para prevenir casos como el de 'Rafita', que considera "inaceptables" y que transmiten a la gente una sensación de "caos" y de que la administración del Estado "no funciona".

   En una entrevista a Telecinco recogida por Europa Press, Rajoy señaló que "siempre es mejor prevenir que curar", pero que una vez que se producen hechos delictivos, "los niños de 12 a 14 años también van a ser internados en un centro público para que se rehabiliten y para que cambien la orientación que llevaba su vida", ya que "una vez que la prevención no ha funcionado, hay que curar".

   En este sentido, apostó por ser "contundente" a la hora de reformar la Ley del Menor e indicó que su partido es partidario de que "si han cometido delitos graves, cuando tengan 18 años, éstos vayan a la cárcel".

   A continuación se refirió a los "delitos brutales", como los asesinatos de niñas, y propuso la prisión permanente revisable como la respuesta adecuada. "La hay en otros muchos países de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional español ha dicho que se ajusta a la Constitución", dijo. Asimismo, vaticinó que esta medida "se debatirá en las Cortes en los próximos meses".

   "Una persona que hace cosas como esas es una persona que sólo puede salir a la calle si a juicio de las autoridades penitenciarios o médicas es una persona que ya está en sus cabales y no va a seguir igual", concluyó el líder popular.

   El pasado 22 de febrero, Rajoy anunciaba, durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que su partido plantearía una modificación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor para que "los menores de 12 a 14 años responsables de delitos graves se sometan a planes e itinerarios de reeducación".

   Además, señaló que, en esa reforma, el PP también defenderá medidas para que el juez de menores ordene el ingreso en prisión de quien haya cumplido 18 años en los supuestos de internamiento en régimen cerrado cuando, atiendo al tiempo pendiente de cumplimiento, no vaya a ser posible la modificación de la medida antes del cumplimiento de los 21 años.

"Vulneraciones de derechos y malos tratos" un centro de menores guipuzcoano

 

Ve "muy grave" que en el centro de Elgeta, al igual que ocurrió en Deba, tampoco se ofrezca a los chavales acceso a recursos formativos

   SAN SEBASTIÁN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La ONG SOS Racismo hizo público este jueves su informe ’Menores en riesgo. Centro de Deba, prácticas excepcionales’, en el que se denuncian las "vulneraciones de derechos" y "malos tratos" que, a su juicio, se han venido dando en el centro de menores extranjeros tutelados que la Diputación foral de Guipúzcoa puso en marcha en Oilur, Deba, en marzo de 2009 y que cerró por reformas el pasado mes de diciembre.

   Además, calificó de "muy grave" que, tanto en este recurso como en el actualmente en funcionamiento en Elgeta, "no se esté ofreciendo a los chavales acceso a formación reglada".

   En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, la responsable de área de menores de SOS Racismo Guipúzcoa, Anna Stern, y el representante de esta ONG Peio Aierbe, explicaron que este documento ha sido elaborado a partir de los testimonios de 27 menores residentes en Oilur, así como de educadores del centro y vecinos de la localidad con el objetivo de que la experiencia de este recurso "sirva para aprender de cara al futuro" de manera que la Diputación pase a "liderar las buenas prácticas" en la atención a los menores que tutela.

   Aierbe censuró que, desde el principio, el centro de Deba se denominara como un ’Programa de emergencia para la atención de menores extranjeros conflictivos’, y ahora se hable de una segunda fase del programa cuando "la presencia de menores extranjeros con perfil conflictivo, como ocurre con los autóctonos, va a seguir existiendo", y no son "basura de la que desprendernos", sino que debe garantizarse sus derechos desde "una labor pedagógica".

   A su juicio, "a la hora de verter la imagen de los chavales del centro de Deba se ha dado una visión culpabilizadora y problematizadora", cuando, en realidad, se trata de "menores en riesgo que requieren una intervención individualizada y educativa".

   En este sentido, consideró "muy grave" que en Deba el recurso  sirvió "como herramienta de expulsión de estos menores", ya que, al parecer, a algunos se les ofreció "el billete para que se fueran" de Guipúzcoa, y no se destinara como lugar de intervención para "modificar comportamientos", y señaló que, en el centro de Elgeta, actualmente en funcionamiento, no se ofrece "acceso a recursos formativos, a formación reglada" a estos menores.

   Con ello, consideró que "aumenta la situación de vulnerabilidad" de este colectivo y se "fomenta su exclusión". "Estamos creando pobreza con dinero público", criticó.

   Frente a ello, abogó por "una intervención" hacia este colectivo "que no tenga como punto de partida el control o el aislamiento". El miembro de SOS Racismo agradeció a la veintena de chavales del centro de Deba que contactaron con SOS Racismo que "no sucumbieran" al sistema y buscaran "salidas, gente que les escuchara", lo que, a su juicio, no encontraron en los educadores del centro.

   Según apuntó, estos menores se dirigieron a la asociación demandando poder asistir a clases a los talleres formativos", algunos de los cuales ya iban antes de ser derivados a Deba, y para denunciar "el trato recibido" en este centro, "donde no podían recibir visitas, carecían de oferta de ocio" y padecían la "amenaza implícita de que no iban a lograr nada".

   Asimismo, indicó que a sus quejas se sumaron las de algunos educadores que "no querían seguir maltratando" a estos menores, denunciaban "la falta de herramientas, de un espacio educativo y la falta de sentido de la intervención hacia estos chavales".

   Por otra parte, criticó "la práctica perversa de la Diputación para que a chavales que, a su juicio, no habían aprovechado bien los recursos ofrecidos por la institución foral, la subdelegación del Gobierno no les renovara la residencia", lo que deriva a una situación de posible expulsión que puede prolongarse durante años, "con todo lo que conlleva de daño físico y psicológico".

   Aierbe censuró que la derivación de estos menores, algunos tutelados en otros centros y otros que acababan de llegar al territorio, a Deba, se llevó a cabo de manera "discrecional", a pesar de contar con perfiles "muy heterogéneos", ya que, aunque algunos "tenían problemas graves de consumo y conductas conflictivas, otros carecían de ningún tipo de causa judicial abierta".

   Además, puso especial énfasis en la situación de las chicas, algunas víctimas de violencia de género, enviadas a Oilur, a pesar de que el centro "carecía de educadoras y de los medios" para atenderlas ya que estaba en principio destinado a chicos, padeciendo situaciones de "falta de derecho a intimidad, como las ocasionadas, por ejemplo, por "la falta de puertas en los baños".

   Por su parte Stern puntualizó que en el informe elaborado sobre el centro de Deba se recoge la "vulneración del derecho a un trato digno" en este recurso tanto a los menores, sin "intervención terapéutica, donde no se permitían las visitas, no había oferta de ocio, y faltaban espacios para recursos formativos", así como a los educadores y profesionales del centro, "sin recursos para desempeñar su labor".

PERMISO DE RESIDENCIA

   También apuntó la vulneración del "derecho a la documentación", y, al respecto, puntualizó que muchos menores que cumplieron la mayoría de edad en el centro de Deba pasaron a ser "extranjeros indocumentados", porque, en algunos casos, "por el mero hecho de haber sido derivados a este recurso o por los informes elaborados en el mismo, se les denegó la renovación del permiso de residencia".

   En concreto, indicó que cuatro menores que acudieron a la asociación se vieron en esta situación, de los cuales dos han logrado obtener el citado permiso "gracias al defensor del pueblo y a una sentencia judicial".

   Por otra parte, censuró la imagen de "conflictivos" que de estos menores se ha dado a través de los medios, el hecho de que la Diputación "vendiera los ceses de tutela como abandonos voluntarios", así como el "poder simbólico" de la valla colocada alrededor del centro, que "da cuenta de un sistema basado en el control y la punición, y no en la educación".

Niños y niñas en centros de protección terapéuticos en España: víctimas de un círculo de exclusión, abusos y desprotección

 

 

“En el centro pasé días atada a una silla, con mordaza; sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama donde además me pinchaban y pasaba al menos 3 días con los ojos vueltos”

Testimonio de Sara Casas a AI, sobre su estancia en el centro de protección terapéutico Dulce Nombre de María en Málaga.

En España, miles de niños y niñas en situación de riesgo y desamparo, ingresan en centros bajo la responsabilidad de la Administración que, desde ese momento y hasta su mayoría de edad, es garante de su cuidado y protección.

Una parte de esos niños y niñas, en condiciones de dificultad social o por supuestos trastornos de conducta, van a parar a centros de protección terapéuticos, donde se les debería ofrecer la atención adecuada para dichos casos. Algunos ingresan a solicitud de los padres para que reciban el tratamiento que necesitan.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado, a través de testimonios de menores, familiares y profesionales a cargo de los menores, graves violaciones de los derechos humanos de estos niños y niñas.

A pesar de que no han cometido ningún delito, algunos de estos menores han sido víctimas de privación de libertad sin orden judicial, malos tratos y aislamiento en celdas. En ocasiones, se les ha atado y amordazado.

En los denominados centros terapéuticos, se han dado casos en que se ha vulnerado su derecho a la salud con tratamientos médicos sin diagnóstico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, e incluso mediante medicación forzosa con fines sancionadores.  

La Administración reconoce desconocer cuantos menores hay en España bajo su protección. Su invisibilidad, la falta de controles y la poca atención brindada a estos niños y niñas ha conducido al olvido y negación de las violaciones de sus derechos, facilitando la impunidad.

¡Actúa!

 

Fuente: Amnistia internacional

 

Graciela Díaz Herrera

El trabajo de las ONGs

 

El trabajo que desempeñan muchas de las organizaciones humanitarias, está caracterizado precisamente por su labor social y su compromiso con los más desfavorecidos. Sin lugar a duda, el pensar que algunos organismos no hacen todo lo que pudieran, o incluso, que su trabajo no es tan bueno como se cree, puede suscitar rechazo. No obstante, el sentido común  nos obliga a cuestionarnos al respecto, y evaluar si en realidad, aquellas entidades tan comprometidas con los más vulnerables, no han caído en la monotonía, el conformismo, el activismo, y se dedican a vivir del prestigio que han conseguido.

 

A diferencia de lo que podrían pensar muchas personas, que consideran que las críticas que se viertan sobre organismos tan humanos y bienhechores, correspondería a estudiosos y especialistas, a mi parecer, es el destinatario final, el usuario, quien debe juzgar la viabilidad y eficacia de estos centros y sus servicios, que como todo en esta vida, no está exento de imperfecciones.

 

Puede resultar difícil ser objetivos cuando tratamos cuestiones que pueden poner en entre dicho y tele de juicio, el trabajo de personas cuyas acciones hacen tanto bien. Pero a pesar de todo, nunca viene mal criticar, aún de manera personal, pues al fin y al cabo, son estas críticas las que nutren y permiten el crecimiento, así como el mejor hacer de la labor social y humanitaria, no sin olvidar, que se debe criticar para bien, y no por mero capricho o aburrimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUZ ROJA BURGOS

Mi nombre es Sridhar Deva Urquijo Perlaza, alumno en prácticas  de Cruz Roja Burgos, intentaré comentaros a grandes rasgos y de la mejor manera, mi cometido en  esta Institución.

 

Estoy destinado en el área de atención al inmigrante, programa que se encarga de informar al usuario en distintos campos, desde ayudas en alimentos, hasta temas relacionado con la ley de extranjería y trámites administrativos de todo tipo.

 

Mi labor dentro de la Organización consiste en la participación en las actividades de clases de castellano, dividido en dos niveles (1 y 2), apoyo escolar,  y recientemente en las sesiones de alfabetización. Mi función consiste en impartir clases, normalmente al nivel uno, pero de vez en cuando al dos. En alfabetización me encargo de enseñar a leer y escribir a personas adultas que son analfabetas tanto en su lengua como en el castellano, aspecto que dificulta aún más el aprendizaje;  en las tardes me encargo, junto a otras dos voluntarias, del apoyo  escolar a chavales extranjeros o hijos de inmigrantes, que encuentran en este programa un sitio en donde hacer sus deberes, ayudados por personas capacitas, pues muchas veces sus padres carecen de estudios o de tiempo.

 

 

 

 

 

El Supremo rebaja cinco años la pena a un hombre que dejó tetrapléjica a su mujer

El alto tribunal considera que no hay alevosía aunque el hombre irrumpió en la casa a las cuatro de la madrugada

MÓNICA CEBERIO BELAZA - Madrid - 01/02/2010

El Supremo ha rebajado en cinco años (de 21 a 16) la pena de cárcel para un hombre con orden de alejamiento que intentó matar a su mujer entrando en su casa a las cuatro de la madrugada, con sus llaves y usando un plástico para levantar el pestillo de seguridad. Se dirigió al dormitorio de su esposa, de la que se estaba divorciando, y la golpeó y le retorció el cuello hasta creer que estaba muerta. Los hijos, de 13 y 15 años, fueron testigos. La mujer, milagrosamente, no murió. Quedó tetrapléjica y apenas puede moverse.

El alto tribunal considera que no pudo probarse la "alevosía", una agravante que se aplica cuando el homicida trata de asegurar que la víctima esté indefensa y que sí había apreciado la Audiencia Provincial de Madrid en su fallo. La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, entiende que entrar en una casa a las cuatro de la madrugada, sin avisar, sin llamar a la puerta y abordar a una persona en la habitación en la que duerme no es suficiente. El fallo señala que "los hechos probados, cuando afirman que el acusado actuó de forma sorpresiva no describen el dato de hecho que permita sostener ese aserto".

El fallo de la Audiencia afirma que la versión del agresor era "incoherente e irracional" y que "se contradice con las declaraciones testificales de sus hijos, que presenciaron los hechos". José Luis R. C. alegó que fue a casa de su mujer, María Antonia, a las cuatro de la madrugada porque alguien le había dicho que iba a ser asesinado y que quería preguntarle a quién iba a mandar matarle. Él mismo aseguró que la mujer estaba dormida, pero añadió que cuando él entró "hizo amago como que le estaba esperando" y que llevaba un serrucho en la mano.

Los niños, sin embargo, a quien vieron con un cuchillo en la mano fue a su padre. Vieron como él intentaba ahogarla y cómo, cuando pensaba que estaba muerta, le dijo que se lo merecía. La Audiencia considera probada la alevosía por las contradicciones del acusado, por las declaraciones de los hijos que describen cómo les despertaron los gritos de su padre (sin discusión previa) y como la agresión que presenciaron fue unilateral del procesado hacia la víctima. Y cita también una sentencia del Supremo de 2001 en la que se afirma que "en la alevosía sorpresiva resulta irrelevante que la víctima se hallara durmiendo o en vigilia si el acusado llevo a cabo la agresión cuando no lo esperaba".

Los hechos son escalofriantes. José Luis se casó con María Antonia en mayo de 1989. Tuvieron dos hijos. La relación se fue deteriorando y en mayo de 2005 la mujer le dijo a su marido que quería el divorcio. "No voy a permitir la separación, antes te mato, te divorciarás con los pies por delante", fue su respuesta. Siguió amenazándola los días sucesivos, y cuando le llegó la carta del abogado, en septiembre, le anunció su sentencia de muerte: "Tú sabes que esto es un suicidio".

A María Antonia le concedieron una orden de protección. Se quedó en su domicilio con los hijos y a él le prohibieron acercarse a ella. Un día antes de la nochebuena, el 23 de diciembre de ese año, se presentó en la casa familiar a pesar de todas las prohibiciones legales. Se abalanzó sobre la mujer, la tiró al suelo y le retorció el cuello. Intentó doblárselo. Paró ante los gritos y el llanto de sus dos hijos, que le pedían de rodillas que parara. Durante los meses siguientes siguió amenazándola y quebrantando la orden de alejamiento. Lo metieron dos veces en la cárcel, pero salió a los pocos días.

Volvió a la casa en el mes de junio, esta vez a las cuatro de la madrugada. Entró con sus llaves y usó un plástico para levantar el pestillo de seguridad de la puerta de entrada. Fue a la cocina, cogió un cuchillo y se dirigió al dormitorio de María Antonia. Los hijos, de 13 y 15 años entonces, estaban durmiendo. Escucharon gritos y fueron a la habitación de su madre. La vieron sangrando por la boca, con signos de asfixia. El padre la golpeaba sin cesar y la pisaba en el cuello cada vez que ella intentaba respirar. Los niños gritaban e imploraban que la dejara en paz mientras él decía que la tenía que matar -"por todo lo que nos ha hecho"-. La dejó cuando parecía que la mujer yacía ya inerte en el suelo.

María Antonia ingresó en el hospital Gregorio Marañón. Quedó tetrapléjica. Necesita ayuda para cualquier actividad de la vida diaria. Los niños padecen estrés postraumático. Ella no recuerda lo que pasó aquella noche. Dijo que ese día "se acostó muy tarde porque tenía miedo y solía acostarse tarde". Retrasaba meterse en la cama para quedarse dormida enseguida. Sólo puede rememorar unos golpes lejanos, unos ruidos y, después, las aspas del helicóptero que la llevaba al hospital.

Estos son los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a José Luis R. C. a 21 años y 10 meses de cárcel como autor de un delito de tentativa de asesinato, dos de quebrantamiento de medida cautelar, uno de maltrato habitual, uno de maltrato en el ámbito familiar y uno de allanamiento de morada.

 

Mujeres en riesgo

La violencia de género y la discriminación de la mujer en Latinoamérica alcanzan cifras alarmantes. La crisis actual viene a abrir un nuevo frente en la insostenible situación del mercado laboral femenino.

Mató a su novia de 75 puñaladas y lo condenan por imprudencia", reza el titular periodístico. El tribunal de General Roca, en Argentina, entendió que, como estaba alcoholizado, el asesino actuó de manera negligente y sin intención. La sentencia fue apelada por el fiscal. En Guatemala hubo 2.920 homicidios de mujeres en los últimos cinco años, y la Fundación Sobrevivientes, apoyada por el Gobierno, da ayuda a 18.000 mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Más de 500 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993. Cada año se reportan 100.000 denuncias por violencia doméstica en Perú. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 40% de las mujeres de América Latina sufre violencia física, y en algunos países cerca del 60% padece violencia emocional.

Hay avances, pero la violencia de género y la impunidad continúan. En un fallo ejemplar que sentó un precedente pionero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictaminar sobre los asesinatos de varias adolescentes en Ciudad Juárez: el Estado mexicano "debe encontrar, juzgar y condenar a los culpables"; remover todos los obstáculos que impiden una "debida investigación"; investigar a los funcionarios acusados de "irregularidades" en la investigación, sancionarlos y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en honor a la memoria de las jóvenes, y erigirles un monumento para recordarlas.

Ante la gravedad de la violencia de género en el mundo (en Italia, por ejemplo, siete millones de mujeres sufrieron agresiones o maltratos al menos una vez en su vida), el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha lanzado la campaña universal Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.

La violencia es uno de los campos donde hay muchísimo que hacer en discriminación de género en América Latina. Otro muy complejo y delicado es la situación de la mujer en el mercado de trabajo, como lo indica Trabajo y familia, un riguroso informe de 2009 realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OIT.

La sociedad saludó el ingreso masivo de la mujer al mercado laboral. Más de 100 millones de mujeres trabajan, y ello es una fuente fundamental de dignificación, autoestima, y hace un decisivo aporte al producto bruto. Entre otros indicadores, la CEPAL ha estimado que si no fuera por las mujeres pobres que trabajan, la pobreza urbana sería un 10% mayor, y la rural, un 7%, lo que supone unas cifras explosivas en una región donde una de cada tres personas es pobre.

El 50% de las mujeres que trabajan lo hace en la economía informal, con bajas remuneraciones y casi sin protección social. La vida tampoco es un lecho de rosas para las mujeres ocupadas en empresas en la economía formal. Ganan el 70% de los hombres, deben hacer méritos muy por encima de la norma para progresar y tienen una limitada representación, menor al 20%, en responsabilidades directivas.

Al mismo tiempo, las mujeres siguen a cargo de los niños, los hogares, las personas mayores y toda la "economía de cuidado". En México, por ejemplo, dedican a ello 50 horas semanales, mientras que los hombres, sólo 10. Ni sus cónyuges, ni las políticas públicas, ni las empresas las ayudan mayormente en su doble y agotadora jornada diaria (en el trabajo y el hogar). Entre otros aspectos, la discriminación hacia las mujeres que quieren ser madres, o lo son, sigue siendo activa. Es difícil argumentarla como suelen hacerlo algunos sectores empresariales como un problema de costes cuando, según estima la OIT, el coste de licencias de maternidad, apoyo a la lactancia y guarderías es el 2% del sueldo de las mujeres, y la mayor parte es subsidiado por la Seguridad Social.

En la crisis actual, los impactos para las mujeres latinoamericanas son mayores que para los hombres. Mitos como que el trabajo de la mujer es secundario o que su aporte al mantenimiento del hogar es marginal, ajenos a la realidad, inciden en sus altas tasas de despido y sus reducciones salariales. Además, son más vulnerables frente a la crisis porque "el funcionamiento de las instituciones laborales que protegen sus derechos es más débil, y por su menor presencia en organizaciones sindicales y en sectores que negocian colectivamente".

Por otra parte, sus responsabilidades en hogares apretados por el aumento de la desocupación (2,5 millones de desocupados nuevos en 2009) y la pobreza (8 millones de pobres adicionales) son crecientes. Asimismo, es débil su presencia en algunos de los espacios de más peso en las decisiones económicas vinculadas con la crisis, como los ministerios de Economía y los bancos centrales.

Todos los problemas mencionados sobre la condición de la mujer en América Latina tienen respuestas posibles. Hay importantes luchas en marcha, y no pertenecen al mundo de las quimeras. Se están practicando en sociedades avanzadas como las nórdicas, en donde la sociedad apoya activamente con leyes y presupuestos a las mujeres que trabajan. Son de alto interés iniciativas como el plan para conciliar trabajo y familia que lanzó la Generalitat de Catalunya, que consta de 166 medidas y afecta a 13 departamentos. Entre ellas están: incentivos a las empresas, tener en cuenta sus récords en esta materia en las adjudicaciones de contratos, impulso al teletrabajo, flexibilización de horarios en los centros educativos e impulso a las guarderías rurales.

La impunidad, la discriminación, el machismo no afectan sólo a las mujeres. Como lo plantea la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, la igualdad de género "es esencial para la realización de todos los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el progreso general de todas las sociedades". La cuestión no es en América Latina un problema de las mujeres, sino colectivo; está en juego el perfil ético y la calidad de las sociedades de la región. No hay más excusas posibles, es hora de pasar de los discursos a las acciones.

CENTRO DE DÍA APOYO AL MENOR.

Soy un alumno de integración social, estoy realizando las prácticas en el Centro de Día de Apoyo al Menor de Cáritas (CDAM). En este centro trabajamos con menores en situación de riesgo. También hay plazas para medidas judiciales.

Los participantes tienen una edad comprendida entre los 6 y los 18 años; divididos en dos grupos: 6-12 años que están los martes y jueves  y de 13-18 años que asisten los lunes, miércoles y viernes.

Los participantes vienen derivados a través de los CEAS, equipos de orientación educativa de los colegios y otros proyectos de Cáritas como pueden ser el programa de intervención familiar, inmigrantes etc.

Asisten al centro de forma voluntaria (excepto medida judicial). Una vez que permanecen en el centro unos meses se detectan las necesidades, carencias, potencialidades y habilidades que quedan recogidas en instrumentos personalizados. Estos instrumentos nos permiten detectar los aspectos que se tienen que trabajar con los menores, fijándonos unos objetivos concretos con cada menor para favorecer su desarrollo personal.

El trabajo se divide en diversas áreas: área de ocio y tiempo libre, familiar, personal y escolar. A través de una serie de actividades se pretenden conseguir los objetivos programados. A través de las actividades se interactúa con los niños y niñas procurando educar en valores; lo que nos permite crear vínculos con ellos/as y así tratar de convertirnos en sus referentes. Algunas de estas actividades son: apoyo escolar, dinámicas de grupo, talleres de cocina e informática, salidas y excursiones, tutorías personalizadas y coordinaciones familiares y escolares.