FALLOS EN LA GSETIÓN DE LA LEY DE DEPENCIA

Las cifras de la dependencia están infladas con miles de muertos

 

En la cifra oficial de usuarios de la Ley de Dependencia hay miles de personas que ya han fallecido, por las que el Gobierno, sin embargo, debe pagar a las comunidades si no dispone de esa información. Y no la ha tenido desde que se puso en marcha la ley. Actualmente, un 20% de la financiación estatal se reparte en función de las personas que ya han sido declaradas dependientes y hay 257.707 en esa circunstancia sin que aún reciban prestación alguna. ¿Cuántos de ellos están muertos? No se sabe con certeza, pero sí que la mayoría de los usuarios de esta ley (casi medio millón) son mayores de 80 años y que la mortalidad en esta población alcanza el 10%. Los que gestionan estos datos afirman que pueden alcanzar más del 10%, pero niegan que reciban dinero por ellos.

A eso habría que sumar los que sí perciben alguna ayuda y su fallecimiento no consta en las estadísticas, algo que se sabrá cuando se crucen los datos con las cifras de fallecidos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada mes, "un fuente fiable" para estos tramites, según el Gobierno.

Algunas comunidades vienen pidiendo hace tiempo que se limpien esas cifras porque muchos de esos usuarios que ahora pasan por estar desatendidos por la Administración desaparecerían y mejorarían las cifras reales, es decir, saldría más alto el porcentaje de los que sí perciben ayuda. Pero otras se han resistido a que esto ocurra -llevan meses discutiéndolo- porque eso mermaría sus cifras y quizá también el dinero que les llega por cada persona declarada dependiente (dictaminada).

Por último, se ha alcanzado un acuerdo entre Gobierno y comunidades para depurar los datos y sacar de la estadística oficial a las miles de personas fallecidas. En la actualidad, el sistema informático revela que alrededor de un 3% del total de expedientes tramitados son bajas por defunción, pero ese dato "no refleja la realidad de la tasa de fallecimientos de los beneficiarios de la ley", según reconoce el Ministerio de Sanidad y Política Social en una circular enviada a las comunidades a la que ha tenido acceso este periódico.

 

INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PERIÓDICO EL PAIS.